Respecto a épocas anteriores, en materia de igualdad de género se ha avanzado mucho al formalizar legalmente los principios que conducen a la auténtica paridad entre hombres y mujeres. Pero ¿Ha sido esta la solución radical al problema? Claramente no. El sexismo en la sociedad está incrustado en la cultura, y aunque el derecho es un poderoso motor del cambio social, hay otras esferas de la vida que deberían pronunciarse a favor de la igualdad. La educación ha corrido en sentido contrario durante las décadas del franquismo, haciendo mucho más difícil el cambio en las generaciones más antiguas, cuya influencia aún puede lastrar las intenciones actuales del estado. La carta de derechos por antonomasia de la población española, la Constitución, está hecha para ellas pero sin ellas, ya que no solo no se cumplieron los principios de paridad a la hora de redactar el texto, es que no se contó ni siquiera con un miembro femenino en la tarea.
Décadas después del nacimiento de la democracia en España, la estadística señala la desventaja que sufren las mujeres en materias como desempleo, categorías profesionales inferiores, precariedad, salarios más bajos... Situación que dificulta enormemente una auténtica sociedad igualitaria, ya que es a través del empleo como una persona puede garantizarse la independencia económica.
El problema reside en el enfoque que se ha dado al sistema de igualdad, a lo largo de la democracia, se ha hecho mucho por equiparar los derechos de la mujer a los que ya tenía el hombre anteriormente, pero no se han repartido de forma equitativa las obligaciones que han afrontado las mujeres a lo largo de la historia. El resultado es un permiso para disfrutar todos los derechos sin una garantía que persiga el verdadero cumplimiento.
Culturalmente a ellas se les sigue exigiendo mucho más, y las sanciones sociales hacia la mujer siguen siendo mucho más duras. Es aquí donde entra la Ley de Igualdad. A través de esta maniobra se pretende intensificar la actuación activa del estado, con medidas como prohibir la discriminación directa o indirecta, exigencia a los podres públicos para la adopción de medidas específicas a favor de las mujeres, influir en el espacio privado para evitar la desigualdad en los núcleos familiares o endurecer las penas a los agresores de la violencia de género.
En conclusión, aunque las mujeres puedan disfrutar hoy de muchos más derechos que sus homónimas en generaciones anteriores, el exito no se alcanzará hasta que se de un igualdad total de géneros, por lo que mientras tanto aún hay mucho que cambiar para que alcancemos la meta.
